Luis Miguel González.
Una. La cantidad comprometida son migajas. Son ahorros que suman 40,100 millones de pesos en un presupuesto que es mayor a 3 billones de pesos. Proyectar el ahorro a tres años, como hace el gobierno, equivale a menos de 0.5% del gasto que se ejercerá en ese periodo. Para los que tienen problemas con las cifras macroeconómicas, va una metáfora dietética. Si una persona que pesa 100 kilos se pusiera a dieta y bajara medio kilo en tres años, ¿tomaría usted en serio esa dieta?
Dos. El programa tomó un perfil muy bajo, en términos de comunicación. Llegó a la oficialía de partes del Congreso, un día después del plazo comprometido. No mereció un acto público.
Tampoco hubo palabras del Presidente, ni del Secretario de Hacienda. La exposición en medios correspondió al subsecretario de Egresos de Hacienda, Dionisio Pérez-Jácome, un técnico muy competente pero nada parecido a un gran comunicador. La presentación fue muy austera, eso sí.
Tres. El mismo día que se presentó el plan de austeridad se publicó una nota periodística que describe la nueva camioneta del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña. Es un vehículo que costó 800,000 pesos. Aquí hay algo más que mal timing.
Más allá del dinero están los símbolos. El Diputado erigió un monumento a la ostentación en tiempos de crisis. Manda el mensaje de que cada quien puede interpretar el compromiso de austeridad como se le dé la gana. ¿Por qué el plan no pone un tope al precio de los coches que se pagan con nuestros impuestos?
Cuatro. No hay un pacto general para el ahorro y la austeridad. Abusos como el del diputado Ramírez son cosa frecuente en los estados y municipios y en otras áreas de la administración pública.
Suponiendo, sin conceder, que el gobierno federal ejecutara con eficacia su programa, quedan pendientes de sumarse actores clave: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los organismos paraestatales; las universidades públicas, los ayuntamientos y los gobiernos estatales.
Cinco. El documento que describe el plan de austeridad no contiene un diagnóstico del despilfarro gubernamental, ni siquiera retoma algunas de las críticas que han vertido los órganos de fiscalización o los medios. El derroche en los tres niveles de gobierno no es un mito. A todos nos consta que en el sector público se gasta de más en coches, viajes, celulares, mobiliario y viáticos, entre otras cosas. Imposible saber cuánto podría ahorrarse si se pusiera fin a este consumo conspicuo. Seguramente sería mucho más que los 40,100 millones de pesos en un trienio.
Seis. Los compromisos de reducción de la burocracia dorada son minúsculos. Hay medio millar de funcionarios que ganan igual o más que los mandatarios de otros países. El presidente de Brasil gana el equivalente a 52,000 pesos mensuales.
El de Colombia, 89,000 pesos. La presidenta de Argentina, 65,000 pesos.
Aquí el coordinador de asesores del Secretario de la Función Pública gana 130,000 pesos. El secretario particular del titular de Sedesol percibe 112,000 pesos. La secretaria privada de la Canciller ingresa 133,000 pesos al mes.
Todo esto sin considerar prestaciones. Para todos está claro que no basta con congelar estos sueldos… perdón para casi todos. En el documento difundido por el Subsecretario de Hacienda no hay compromiso alguno de reducción de altos sueldos.
Via El Economista.
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