Sindicato Mexicano de Electricistas

*Rebasado, el Acuerdo Nacional para el Campo, dice la Conorp

*Se nos sigue negando asistencia social y empleo digno: CCI

Matilde Pérez U.

La Central Campesina Independiente (CCI) denunciará ante organismos internacionales la persistente violación a los derechos humanos de los labriegos, pues se les sigue negando asistencia social y empleo digno.

En tanto, los integrantes del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) acordaron acudir al diálogo con la Secretaría de Gobernación en busca de un pacto nacional para el desarrollo del agro, pues el Acuerdo Nacional para el Campo ya quedó rebasado.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la CCI, comentó que la negociación con el gobierno no ha dado los resultados esperados, ya que 90 por ciento de la población rural carece de asistencia social y empleo. Advirtió que los campesinos no pueden seguir esperando una acción gubernamental para tener una política pública acorde con la realidad.

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Antonio Hernández

Ante el aumento en las tarifas eléctricas industriales de 18 por ciento a partir de este primero de febrero, México pierde atractivo para empresas extranjeras con interés de invertir en el país y pone en riesgo la planta laboral, coincidieron empresarios.

“Mientras no logremos modernización del sector a través de una reforma energética y si no hay similitudes con países con quienes tenemos competencia, vamos a vivir en un retraso y letargo en el sector eléctrico en México. Tenemos años expresando la preocupación”, dijo el director general de Caintra Monterrey, Guillermo Dillon.

El entrevistado agregó que en 2009 los precios de las tarifas eléctricas bajaron por la caída en la demanda; sin embargo, el beneficio no se hizo notable para las empresas pues tenían su capacidad instalada trabajando muy debajo de su potencial.

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ÉSAR MORALES OYARVIDE

El Sindicato Mexicano de Electricistas, con 95 años de lucha en un país caracterizado por la cooptación desde el Estado de la mayoría de las organizaciones obreras, lleva más de tres meses en protesta por el despido de más de 44.000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La empresa, una de las dos entidades públicas en el ramo de la electricidad y que proporcionaba sus servicios a 25 millones de personas en un área de más de 20 mil kilómetros cuadrados, fue tomada la noche del sábado 10 de octubre de 2009 por la Policía Federal Preventiva (militarizada). Al día siguiente un decreto presidencial la declaraba extinta.

Las justificaciones

El gobierno justificó su cierre por el atraso tecnológico y la pérdida financiera que significaba la empresa, deficitaria, al país. Sin embargo, para el sindicato ésa no es la historia completa. Así lo cree Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, en entrevista con Prensa Latina el 16 de enero al declarar que “a LFC le hicieron lo mismo que a otras entidades públicas, primero la convirtieron en una supuesta carga financiera y dejaron de invertir en su modernización tecnológica, para luego justificar el cierre y ensanchar la ola de privatizaciones iniciada aquí desde 1980”.

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El alza de precios de los alimentos

Víctor Suárez Carrera

Nueva agresión del gobierno y del PRI contra el pueblo

Desde los primeros días de enero del presente año, el pueblo mexicano enfrenta una nueva agresión del gobierno de Felipe Calderón en acuerdo con el PRI: el alza en los precios de los alimentos básicos (tortillas, pan, frijoles, arroz, leche, huevos, carne, pollo, pastas, entre otros) como resultado directo del incremento en los impuestos (IVA e ISR) y en los precios de los combustibles (gasolina, diesel, gas) y electricidad.

Recordemos que a iniciativa de Calderón, PRI y PAN aprobaron un incremento del IVA del 15 al 16%, del impuesto sobre la renta (ISR) del 28 al 30%, del impuesto sobre efectivo (IDE) del 2 al 3%, y aumentaron tarifas y precios de bienes y servicios públicos, combustibles y electricidad.

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ARTURO ALFARO GALÁN

PRIVATIZACION EN PRIMER GRADO

Claudia Herrera Beltrán

El presidente Felipe Calderón acordó con el gobierno de Japón reforzar las condiciones para que más empresas de ese país inviertan en petroquímica, refinación, gas y desarrollo de infraestructura.

En una reunión posterior con empresarios japoneses, Calderón enumeró las bondades de invertir en México al señalar que el país está cambiando, ya que se han realizado reformas estructurales; además, sin falsas pretensiones de modestia, es la economía más competitiva en este momento para producir manufacturas.

Al inicio de un almuerzo ofreció la conferencia Recuperación económica: oportunidades entre Japón y México, en la que afirmó que los mexicanos estamos saliendo más rápido de la crisis que otros.

Concluida la reunión entre Calderón y el primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, ambos gobiernos elogiaron los esfuerzos por consolidar la cooperación bilateral en el sector energético, en particular entre la Japan Oil Gas and Metals Nacional Corporation y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Muestra de ello es que el Japan Bank for International Cooperation y el Nippon Export and Investment Insurance han otorgado créditos y seguros comerciales a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Adán salgado Andrade

Desde la anárquica Ciudad de México. Letreros refiriéndose al secretario del trabajo, el señor Javier Lozano, como “Lozano hermano del puerco y del marrano” u “Oficial mayor te vendiste”, entre otros, pegados en las paredes del Centro de Atención a la Infancia (Cendi), reciben a los curiosos o solidaria gente que se acerca a preguntar a los empleados del sitio, la mayoría mujeres, cuál es el problema que las ha llevado, muy unidas, a defender su centro de trabajo, reuniéndose afuera del edificio para organizar guardias durante varios días. Allí se cuidan a los hijos de los trabajadores tanto de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Junta federal de Conciliación y Arbitraje y, para mayor ironía, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Fíjese que apenas el miércoles en la tarde le dijeron las autoridades a la directora que el Cendi se iba a cerrar por inseguro”. En efecto, sin mediar reuniones previas, ni todos los procesos legales que deben seguirse constitucionalmente para declarar inseguro un sitio laboral, ni que se cuestionara a las empleadas sobre si consideraban la construcción insegura, muy al estilo de lo que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza, funcionarios de alto rango de la mal llamada Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), comenzando por su secretario, el ya mencionado Javier Lozano, a la directora del lugar se le citó en las oficinas del Oficial Mayor, el señor Héctor Antonio Alcudia Goya, quien, sin mayor protocolo, le soltó el cuestionable argumento de que el edificio en donde se encuentra el Cendi es inseguro y que debía desocuparse ya, de inmediato. El jueves 28, la directora reunió a sus empleadas para decirles que, por órdenes superiores, el Cendi dejaría de laborar y que ese mismo día tenían que recoger todos y todas sus cosas, así, sin mayor explicación. “La directora está de nuestro lado”, declara una trabajadora, “pero es que la presionan de arriba. Dice que está entre las espada y la pared”.

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