El sindicato sigue “de pie”, pese a las amenazas de Lozano, asegura el dirigente. “No habrá cambio sin la disposición social para impulsarlo”: UNT.
En medio de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instaló un plantón permanente en el Zócalo capitalino con 200 personas para presionar a las autoridades federales a que resuelvan el conflicto surgido por la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Así lo informó el líder de los electricistas, Martín Esparza, durante su discurso luego de participar en la marcha encabezada por diferentes organizaciones agrarias y sindicales para impulsar la Alianza Clasicista de México.
El gobierno federal “amenaza con romper el movimiento del SME, pero hoy nos mantenemos en la unidad y a partir de hoy, en la plancha del Zócalo, mantendremos un plantón permanente hasta resolver los problemas de la clase trabajadora”.
Después de dos sesiones de diálogo entre el SME y autoridades de Gobernación, este viernes no hubo encuentro debido a la mega marcha. Incluso, en el mitin, el ex secretario general del SME inició su discurso con la advertencia al gobierno del presidente Felipe Calderón de que sí tiene suficiente apoyo popular.
La muestra, dijo, fue la presencia de miles de personas, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otras organizaciones sindicales y agrarias del país, además del apoyo de legisladores como Gerardo Fernández Noroña, José Narro y Héctor Velasco, entre otros.
“Decían que no teníamos la suficiente fuerza, pero hoy, todas las organizaciones (están) respaldando esta lucha, que es la lucha del pueblo de México, desde el artero golpe proporcionado por Felipe Calderón y sus lacayos del gobierno federal el 10 de octubre del año anterior”, dijo Esparza en medio de arengas de apoyo.
Advirtió que pese a las “amenazas” lanzadas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón —la más reciente sobre la posible repercusión legal en caso de actos de sabotaje— el SME sigue “de pie”.
“Seguimos adelante con mayor contundencia”. Desde el Zócalo y con el “fuerte sustento popular, alzo mi voz para decirle a Calderón y a sus incondicionales que no nos intimidan ni nos van a intimidar con sus amenazas mediáticas y farragosas como las que hace frecuentemente Javier Lozano Alarcón”, afirmó Esparza.
Por un cambio de rumbo
Los líderes de las organizaciones coincidieron en que la clase trabajadora unida podrá lograr un cambio de rumbo en el país, toda vez que debido a las políticas neoliberales se ha perdido el poder adquisitivo y degradado las condiciones laborales.
Agustín Guerrero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), calificó de “insoportable” la política “represiva, autoritaria y de destrucción” que priva en el país.
“No podemos soportar que continúe la política de atropello. Si queremos cambiar el rumbo, las organizaciones unidas podemos hacerlo a través de movilizaciones respetuosas”.
En su oportunidad, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT y diputado federal, advirtió que “no habrá cambio sin la disposición de organizaciones sociales para impulsarlo”.
La clase trabajadora debe estar unida para hacer de México una nación equitativa, toda vez que el gobierno ha demostrado su “incapacidad” para atender las necesidades de la mayoría y “aún así quiere más poder el Presidente”, dijo. Al respecto, Esparza afirmó que todas las organizaciones pueden lograr la “renuncia de Calderón de la Presidencia”.
La marcha se inició poco después de las 16 horas, encabezada por contingentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de diversos estados como Coahuila, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, entre otros.
Partieron del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, lo que afectó la vialidad, sobre todo en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el primer cuadro de la ciudad, por donde avanzaron los contingentes. Alrededor de tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal participaron en el dispositivo de protección.
Miles de personas integrantes del sindicato de telefonistas, de trabajadores de la UNAM, de Chapingo, del Colegio de Bachilleres, del Monte de Piedad, de la industria nuclear, aviadores, sobrecargos y de la Alianza de Tranviarios, participaron en la movilización como parte de la “Jornada nacional-clasista y ciudadana por el cambio de rumbo económico, político y social”.
Durante la marcha, Inocencia Cruz, de 88 años y proveniente de Hidalgo, falleció a causa de un infarto. “Murió por coraje y emoción”, se informó durante el mitin, por lo que aprobaron la propuesta de establecer una medalla con su nombre para aquellos “luchadores sociales” destacados.
Acusan a Calderón en EU de violar acuerdo
La delegación del SME que viajó a Washington denunció al gobierno de Felipe Calderón por violación del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ANCLAN) ante la extinción de LFC.
Ayer, Cristine Rieby, del Departamento del Trabajo del ANCLAN, recibió la queja interpuesta por Humberto Montes de Oca, secretario del Interior, y Pipino Cuevas Velázquez, secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del SME.
En entrevista telefónica, Montes de Oca informó que el jefe del Ejecutivo “faltó” a los principios básicos del ANCLAN, que forma parte del Tratado de Libre Comercio (TLC), al negar el derecho de audiencia luego de decretar la extinción de la compañía.
Además, hubo un desalojo violento con la policía, “violó la Ley Federal del Trabajo, se entrometió en la vida sindical al descalificar el proceso electoral y hubo despido de embarazadas”, explicó el dirigente.
En los próximos 60 días, el SME podrá presentar pruebas para sustentar la denuncia. En caso de resultar responsable, se emitirá una resolución, pero no vinculante para el Estado mexicano.
Esta acción forma parte de la estrategia de denuncia internacional del SME sobre el despido de 44 mil personas y la desaparición por decreto de la compañía. Este domingo regresarán a México.
El ANCLAN es un mecanismo para que los países miembros (México, EU y Canadá) garanticen la aplicación efectiva de sus leyes y normas laborales internas con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, y proteger, fortalecer y hacer valer los derechos básicos de los trabajadores. Esto a través de objetivos, obligaciones y principios laborales que los tres gobiernos están obligados a cumplir.
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