José Cabrera Parra.
Hace algunos meses advertí en este editorial sobre el peligro que representaba sacar al Ejército a las calles a combatir el crimen organizado, violando con ello el orden constitucional, ya que el objetivo de la institución castrense establecido en nuestra Carta Magna es garantizar la integridad y la soberanía de la nación, no perseguir delitos del orden común, por graves que éstos sean.
Ahora comienzan a ser más que evidentes las consecuencias de exponer a las fuerzas armadas a la tentación que significan los miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico, y de dejar a la tropa actuar a su libre albedrío en ciudades y pueblos, donde han empezado a cometerse una serie de tropelías que alcanzan ya el nivel de escándalo.
A lo largo de la semana, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron esta grave circunstancia.
Una de ellas, Amnistía Internacional, presentó un informe sobre violaciones a derechos humanos por parte del Ejército en nuestro país, en el cual afirma que hay un preocupante patrón de abusos de las fuerzas armadas en sus operaciones contra el narcotráfico, y una más alarmante, la negación de que éstos ocurran, por parte de las autoridades civiles y militares.
También intervino en el debate otra de estas agrupaciones, el Observatorio Internacional de los Derechos Humanos, cuyo director expresó que los soldados que han participado en este tipo de operativos han cometido abusos “aberrantes” contra la población civil, los cuales incluyen violaciones sexuales, torturas y asesinatos.
El incremento de estas ofensas ha sido tal que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) recibió el año pasado seis veces más denuncias por este tipo de arbitrariedades que en 2006.
Por su parte, los empresarios de Ciudad Juárez, la urbe más afectada por esta guerra desprovista de orden y estrategia, afirmaron (antes de iniciar una marcha por la paz el domingo pasado) que, además del acoso al que los ha sometido el crimen organizado, hay versiones de que ahora sus agremiados sufren extorsiones por parte de militares.
Lo más lamentable es que esta exposición del Ejército a la lucha contra el narcotráfico, con la erosión que significan para su imagen y disciplina las acciones de algunos malos elementos (que sin duda son minoría, pero atraen los reflectores de la prensa nacional e internacional), no ha servido para contener la ola de criminalidad y violencia que azota a México.
Prueba de ello es que la semana pasada fue una de las más violentas de los últimos años, y que sólo el jueves hubo 33 ejecuciones a lo largo y ancho el país, con un lujo de brutalidad difícil de asimilar.
Por ello sería muy conveniente que el gobierno de Felipe Calderón captara los signos que se están dando y actuara en consecuencia. Un primer paso sería ocuparse del problema, en lugar de restarle importancia, y castigar a los ofensores, lo cual ayudaría a establecer ante la opinión pública que se trata de casos aislados y no de la generalidad de las acciones del Ejército.
Históricamente, nuestro pueblo ha considerado a las fuerzas armadas como un aliado en momentos de sufrimiento ocasionados por desastres, ya sean de origen humano o natural, pero el cúmulo de agravios podría llevar a una ruptura entre Ejército y sociedad con consecuencias insospechables.
Ya en 1968 se vivió una situación parecida (aunque limitada a ciertas regiones del país) que costó muchos años y esfuerzos subsanar.
¿Será posible que al fin el gobierno de Felipe Calderón se dé cuenta de esta grave situación, que puede ocasionar un desastre y llevarnos a un escenario de mayor violencia y desolación?
Sería verdaderamente trágico que pueblo y gobierno decidieran seguir sus propios caminos, como se percibe ya en muchas mentes y en muchos corazones.
Nosotros, que hemos sido críticos del actual Presidente, le pedimos que analice y estudie la situación, y que opte por el camino que más convenga a todos para preservar —por recurrir a un concepto muy cercano al corazón de los panistas— el bien común.
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